La
emergencia sanitaria que envuelve al mundo tras el brote del coronavirus COVID-19, no solo ha
encendido las alarmas en el sector sanitario, económico y social.
La pandemia que de manera inexcusable nos
amenaza a todos, también es un escenario que pone a prueba el respecto y fiel
cumplimiento de los derechos humanos
en todas las naciones afectadas, y especialmente, a los segmentos poblacionales
de alta vulnerabilidad social.
Mucho
se puede discutir y analizar sobre esta situación sin precedentes que pone a
prueba el pulso y la solvencia moral de muchos gobernantes que, en un momento
dado, podrían dejar de lado este compendio de derechos fundamentales a la hora de imponer medidas estrictas que
eviten la propagación del coronavirus.
Para
comprender un poco más sobre esta realidad, resumo aquí la posición de organismos internacionales que se han
pronunciado al respecto y que exhortan a los dirigentes de cada nación a
reconocer su carácter inalienable, sin distingo de género, raza, nacionalidad o
posición social.
Human Rights Watch: Priorizar el
derecho a la salud universal
A
través de su informe: “Human Rights Dimensions of the COVID-19 Response”
(“Dimensiones de derechos humanos en la respuesta al COVID-19”) la organización
HRW recomienda a los gobiernos tomar medidas para frenar el brote respetando los derechos humanos
fundamentales, incluidos los derechos
a la salud, la libre expresión, la no discriminación y la libertad de circulación.
Es
así como su directivo, Kenneth Roht, se pronuncia por
elegir la ciencia sobre la política, cuidar a los que están en mayor riesgo,
evitar la censura, limitar los confinamientos y generar la confianza del
público que es esencial para una respuesta efectiva. “A medida que los
gobiernos comienzan a ampliar su respuesta de salud pública, la amenaza
planteada por el COVID-19 es una razón para reafirmar, en lugar de abandonar, los derechos de todas las personas”,
aseveró.
El
informe destaca el respeto y atención a
los derechos humanos de los pueblos expuestos a contagio. Por eso exhorta a
los gobiernos a seguir algunas pautas:
- Evitar
restricciones radicales
y muy extensas sobre el movimiento y la libertad personal.
- Confiar
en el distanciamiento social voluntario e imponer restricciones
obligatorias solo cuando esté científicamente justificado y sea necesario y
cuando se puedan garantizar sistemas para apoyar a los afectados.
- Abordar las preocupaciones
especiales de las personas en las prisiones,
cárceles y centros de detención de
inmigrantes, las personas mayores y las personas con discapacidad
ingresadas en instituciones.
- Garantizar
el acceso a
alimentos, agua, atención médica y
apoyo para la atención de cuidado, durante los períodos de cuarentena y
confinamiento.
- Tomar medidas políticas
específicas para cumplir el derecho a la
educación, incluso si las escuelas están temporalmente cerradas.
- Garantizar que todas las
personas puedan acceder a la atención
médica esencial, incluidos los inmigrantes, los solicitantes de asilo y los
refugiados.
- Dirigir la ayuda a los trabajadores de bajos salarios afectados;
y abordar el impacto desproporcionado que afrontan las mujeres y las niñas.
ONU: Medidas de emergencia no deben
violar derechos humanos
A
través de un comunicado, la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) alertó a no aprovechar las medidas de
emergencia adoptadas por el brote de COVID-19 para suprimir los derechos humanos
y perseguir a la disidencia.
Los
expertos de la ONU subrayaron que las declaraciones
de estados de emergencia, ya sean por motivos sanitarios o por razones de
seguridad, tienen que ser acordes con el Derecho
Internacional. Por tanto, exhortó a notificarlo a los organismos
correspondientes cuando dejen significativamente afectados a derechos
fundamentales, como los de movimiento, vida familiar y de asamblea.
Amnistía Internacional: Tener
presente los DD. HH.
De
igual forma, Amnistía Internacional
(AI) publicó algunas recomendaciones a los Estados
de las Américas a fin de garantizar que sus respuestas al coronavirus,
COVID-19, estén en consonancia con sus obligaciones internacionales en materia
de derechos humanos.
“En
lugar de exacerbar esta crisis, los gobiernos de las Américas deben poner los derechos humanos en la primera línea
de todas las medidas que adopten, garantizar que no se deja atrás a nadie y ser
cuidadosos para proteger a los grupos que más riesgo corren, como las personas
refugiadas, las desplazadas, las que viven en campamentos y las que viven en la
pobreza; las mujeres, las personas que trabajan en el sector informal con
protecciones limitadas, las que están privadas de libertad y todas las que
corren el riesgo de sufrir complicaciones graves debido a la exposición al
virus”, señaló Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía
Internacional.
Por: Amir Nassar Tayupe.
Por: Amir Nassar Tayupe.
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